"David contra Goliat, el caso Barricada TV", por investigadores del CONICET en Página/12
SOCIEDAD › OPINION
David contra Goliat, el caso Barricada TV
Por Grupo de investigación Conicet / Defensoría del Público *
La suerte
de los tres primeros canales comunitarios de la historia argentina en
obtener una licencia legal comenzará a definirse esta semana. El Ente
Nacional de Comunicaciones (Enacom) deberá contestar el pedido de
declaración de inconstitucionalidad planteada por Artear/Grupo Clarín
contra la norma nacional del servicio de la televisión digital abierta
(TDA) y sus resoluciones conexas. La respuesta del organismo es clave
para los derechos de Barricada TV y Urbana TV de Ciudad de Buenos Aires y
Pares TV de Luján, las televisoras sin fines de lucro que se
presentaron a concurso público y ganaron sus respectivas licencias para
operar en la TDA.
Se trata de un caso testigo que no sólo tiene consecuencias directas para estos canales comunitarios, sino que también incidirá en el estatuto del sector no lucrativo en las políticas públicas de comunicación frente a las presiones de los poderes económicos. Además, permitirá observar el accionar del Enacom ante las recomendaciones de no regresividad en materia de derechos humanos elaboradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de la audiencia realizada en los primeros días de abril en Washington.
En el caso de Barricada, el posicionamiento del organismo implicará tomar una decisión frente a la interferencia generada por Artear en la frecuencia 33. Esta frecuencia fue reservada para emisiones de baja potencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y asignada por concurso a Barricada, según el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales y sus resoluciones complementarias. La frecuencia 33 es utilizada por Canal 13 para realizar sus transmisiones experimentales en televisión digital sin que medie concurso alguno. Como consecuencia, la señal del Grupo Clarín –considerablemente más poderosa–, interfiere las emisiones del canal sin fines de lucro e impide que llegue a las pantallas de los hogares de Buenos Aires. La interferencia genera una señal en negro en una parte importante de la ciudad, mientras que en el resto se capta la señal del Grupo. Esta frecuencia debe ser despejada para que la emisora comunitaria pueda ajustar sus parámetros técnicos para terminar el proceso de habilitación definitiva de su planta transmisora. La interferencia afecta, por lo tanto, el derecho de la televisora comunitaria a la libertad de expresión e impacta en su sostenibilidad económica.
Se trata de un caso testigo que no sólo tiene consecuencias directas para estos canales comunitarios, sino que también incidirá en el estatuto del sector no lucrativo en las políticas públicas de comunicación frente a las presiones de los poderes económicos. Además, permitirá observar el accionar del Enacom ante las recomendaciones de no regresividad en materia de derechos humanos elaboradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de la audiencia realizada en los primeros días de abril en Washington.
En el caso de Barricada, el posicionamiento del organismo implicará tomar una decisión frente a la interferencia generada por Artear en la frecuencia 33. Esta frecuencia fue reservada para emisiones de baja potencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y asignada por concurso a Barricada, según el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales y sus resoluciones complementarias. La frecuencia 33 es utilizada por Canal 13 para realizar sus transmisiones experimentales en televisión digital sin que medie concurso alguno. Como consecuencia, la señal del Grupo Clarín –considerablemente más poderosa–, interfiere las emisiones del canal sin fines de lucro e impide que llegue a las pantallas de los hogares de Buenos Aires. La interferencia genera una señal en negro en una parte importante de la ciudad, mientras que en el resto se capta la señal del Grupo. Esta frecuencia debe ser despejada para que la emisora comunitaria pueda ajustar sus parámetros técnicos para terminar el proceso de habilitación definitiva de su planta transmisora. La interferencia afecta, por lo tanto, el derecho de la televisora comunitaria a la libertad de expresión e impacta en su sostenibilidad económica.
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