28 de septiembre de 2017
Opinión
La
formulación central que da cuenta de la intencionalidad genocida se
basa en postular que hay un grupo de población que no existe, que nunca
existió o que no merece existir entre nosotros. Se planteaba que los
armenios no eran otomanos ni turcos, que los judíos no eran alemanes ni
europeos, que los subversivos no eran argentinos y que los tutsis no
eran ruandeses. Otra vez se pueden identificar las mismas lógicas hoy en
Myanmar, con un gobierno que plantea que todos los grupos no birmanos
no merecen ser ciudadanos de pleno derecho de Myanmar pero, en especial,
que los musulmanes rohingya nunca lo han sido y que el propio nombre
con el que se identifican (rohingya) es un invento que se encuentra
prohibido para su utilización en el país. Incluso algunos representantes
de Naciones Unidas han decidido aceptar su no utilización, como se
evidencia en el informe de la comisión liderada por Kofi Annan, que
decidió llamarlos “musulmanes del Estado de Rakhine” (una provincia de
Myanmar), para no incomodar al gobierno actual de Aung San Suu Kyi,
quien recibió el Premio Nobel de la Paz por su enfrentamiento con los
militares golpistas, a los que ahora se ha unido (como Consejera de
Estado y virtual primera ministra) en su lucha contra los grupos no
birmanos y, muy en especial, contra los musulmanes.
El Tribunal Permanente de los Pueblos realizó este mes su sesión
final en Kuala Lumpur sobre los crímenes de Estado cometidos en Myanmar.
En las sesiones participaron expertos internacionales, se analizaron
reportes de Naciones Unidas y otros organismos internacionales y se
tomaron numerosos testimonios de víctimas directas de crímenes de
guerra, violencia sexual, traslados forzosos, quemas de aldeas, entre
otras denuncias.
El trabajo del Tribunal se había iniciado con una reunión
preparatoria en Londres en el mes de marzo, donde se recibieron las
primeras denuncias y resultados de grupos académicos de la Universidad
de Malasia y de organizaciones de derechos humanos diversas que
trabajaron con la población de los campos de refugiados en Malasia y
Bangladesh. Un informe presentado por el grupo de investigación en
Crímenes de Estado de la Universidad Queen Mary de Londres (dirigido por
Penny Green y Thomas MacManus y con constantes trabajos de campo en la
zona durante los últimos tres años) consideró que se habían implementado
los cuatro primeros momentos de mi periodización de las prácticas
sociales genocidas (construcción de una otredad negativa, hostigamiento,
aislamiento y debilitamiento sistemático) y que se desarrollaba
actualmente tanto la etapa de exterminio como la realización simbólica
del genocidio, con la prohibición gubernamental de la utilización del
término rohingya para referirse a las víctimas, a quienes el gobierno
considera “musulmanes invasores provenientes de Bangladesh”.
La sentencia destacó la existencia de un plan general de destrucción
de todas las poblaciones que no pertenecen a la etnia mayoritaria
(birmana), pero con distintos grados de ejecución. Remitiendo a la
jurisprudencia argentina en cuanto a la comprensión de la destrucción
parcial de la propia identidad nacional, se consideró probado el intento
general y luego se declaró al Estado de Myanmar culpable por la
implementación del genocidio contra la población rohingya y de crímenes
de guerra y crímenes de lesa humanidad contra otros grupos musulmanes
como los Kaman y contra los grupos cristianos Kachin en el norte del
país, en este último caso como parte de una especie de guerra civil
contra el ejército de Myanmar.
Queda abierta la duda sobre si la intervención del Tribunal logrará
quebrar el silencio y la inacción ante los prolegómenos de un nuevo
genocidio.
* Investigador del Conicet, docente Untref/UBA. Presidente del panel
de jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en Kuala
Lumpur.
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